La asfixia municipal

Jaime Lindh

El extenso número de municipalidades en déficit revela que independiente de la gestión de cada comuna no estamos solo frente a problemas puntuales, sino que también a un tema estructural.

Según reporta la Contraloría, en el 2017 las municipalidades gastaron US$ 12.385 millones. De este total, el sector educacional representó un 28%, salud un 13% y el área de gestión municipal un 59%. Este último sector -el más grande en términos presupuestarios- contempla la gestión interna del municipio, la mantención de bienes y servicios de uso público, los programas sociales, recreacionales y culturales, entre otros aspectos.

El desglose de estas cifras muestra que los municipios son frágiles financieramente. Para ilustrar este punto es útil comparar el costo operativo con el ingreso propio permanente de las municipalidades. Se entiende como costo operativo al gasto relacionado a la gestión interna del municipio (sueldos, inversiones, transferencias y adquisiciones necesarias para su funcionamiento) más lo gastado en la provisión de servicios básicos (aseo, recolección de basura, alumbrado público, agua, entre otros). No se considera -por lo tanto- el gasto en educación, en salud, en los programas sociales, recreacionales y culturales. En tanto, el ingreso propio permanente corresponde a las patentes, derechos, permisos, concesiones e impuesto a beneficio municipal, excluyéndose el Fondo Común Municipal (FCM).

Las cifras son elocuentes: en el 2017 por cada peso recaudado, en promedio las municipalidades tuvieron $ 5 de costos operativos. En rigor, solo Lo Barnechea hubiese podido pagar su operación únicamente con recursos propios. Ahora, si sumamos como ingreso el FCM la situación mejora: por cada peso ingresado, en promedio los municipios hubiesen tenido $ 1,2 de costo operativo. Esto equivale a 14,4% de entidades capaces de autofinanciar su operación.

Las deudas son síntomas de una mala gestión, pero también de un problema mayor: los gobiernos locales están sumergidos en una profunda precariedad financiera. Por ello, es esencial mejorar la eficiencia en el gasto, fortaleciendo la capacidad fiscalizadora de la Contraloría y del Concejo Municipal y facilitando un mayor control democrático a través de la Ley de Transparencia. No obstante, es igualmente necesaria la generación de mayores ingresos propios, compensando exenciones y evaluando el traspaso a beneficio municipal de más concesiones e impuestos. Y finalmente, es clave que haya mayor coordinación y simplicidad al momento de transferir los recursos sectoriales y regionales. Todas las aristas del problema deben incluirse al momento de pensar en soluciones.